El Grupo República y los derechos de exportación (un impuesto retrógrado y antihistórico).

Una vez más, se encuentra en debate la cuestión de los derechos de exportación, mal llamados “retenciones”. Que alcanzan, hoy, niveles intolerables. El Estado – causante de nuestra decadencia, por administrar mal un país rico – encuentra en ellos un impuesto fácil de recaudar e imposible de eludir. Aunque así se castigue a quien realmente produce y genera divisas que la Argentina necesita.

Es un impuesto que el exportador traslada al productor. No lo paga ninguna multinacional exportadora. En efecto, esas compañías pagan al productor un precio del que descuentan el monto del derecho que deberán abonar. Esto es exactamente al revés de lo que pasa en el mundo, pues el comercio internacional está plagado de exportaciones que los distintos países premian impositivamente. Es decir que, en esta materia, nos hemos anclado en la prehistoria.

Y nadie parece recordar – los políticos menos aún – que, de conformidad con nuestra Constitución de 1853-1860, esos derechos debieron haber desaparecido hace más de un siglo y medio. Veamos.

La Constitución de 1853 estableció que los ingresos provenientes de los derechos de importación y de exportación eran federales. Y que debían se impuestos por ley del Congreso Nacional (arts. 4 y 64). Ahora bien, por entonces, la provincia de Buenos Aires, se encontraba separada de la Confederación. A la que se reintegró luego del Pacto de San José de Flores, en el cual se reservó el derecho de proponer enmiendas a la Constitución, toda vez que no había enviado representantes a la Convención Constituyente de 1853.

Así fue que Buenos Aires propuso modificar ese art. 64, en el sentido de que el Congreso podría fijar los derechos de exportación hasta mil ochocientos sesenta y seis, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional”. La propuesta llevaba en sí una picardía. Los derechos de exportación cesarían en esa fecha como impuesto nacional. Y Buenos Aires se guardaba en la manga la posibilidad de imponerlos, de allí en adelante, como impuesto provincial.

La travesura porteña no prosperó en la Convención Constituyente de 1860, que examinó las reformas propuestas por Buenos Aires. Con buen criterio, allí se decidió que los impuestos de exportación expirarían, definitivamente como impuesto nacional en 1866. Y además se cerró la posibilidad de que pudieran resucitar como gravamen provincial. El artículo 64 pasó a decir que esos derechos cesarían en 1866 “…como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial”.

¿Cómo es, entonces, que aún hoy estén en la Constitución? Por la guerra del Paraguay. Ante su estallido, en 1865, el Congreso advirtió la dificultad de afrontar sus costos, pues los ingresos del Tesoro disminuirían en un treinta por ciento, al cesar -al año siguiente- los que generaban los derechos de exportación.

Con ese fin, convocó a una nueva Constituyente, proponiéndole que suprimiera el cese de tales derechos en 1866. La misma se reunió en Santa Fe en septiembre de ese año. Y en tres días de sesiones -de las que no quedan actas- eliminó ese tope temporal, sin fijar otro. Así, ciento cincuenta y cuatro años después, seguimos con derechos de exportación. Aunque la guerra del Paraguay terminó hace 150 años.

Hubo legisladores que, con lucidez, advirtieron que se cometía un despropósito que habría de lamentarse en el futuro- Al debatirse en su Cámara la reforma el senador Uladislao Frías se opuso a ella, afirmando que no era “… indispensable para la marcha del país que el gobierno pueda disponer del producto de esos derechos”. Propició en cambio, adoptar “… una severa y rigurosa economía en los gastos, adoptando una política prudente, más racional y conveniente que la que hemos observado hasta aquí”. Palabras que, hoy, conservan toda actualidad. Bueno sería que se les prestara atención y se actuara en consecuencia.

En Diputados, Marcelino Ugarte radiografió el futuro. Dijo que: “Los derechos de exportación son un mal sistema de impuesto. La ciencia ha condenado los errores de lo que se llama sistema protector. Pero no ha imaginado lo que puede llamarse sistema destructor… El sistema que tiende a alejar de los mercados extranjeros los productos propios, gravándolos con un impuesto a su salida ¿qué otro nombre merece que el de un sistema destructor? Sistema destructor de los productos propios, destructor de la industria nacional”.

Pues bien: ese sistema destructor, desaparecido en el panorama internacional, sigue vigente entre nosotros. Y se lo hace aún más gravoso, cuando una crisis nos sacude. Lo que sucede cada vez más frecuentemente. Como siempre, en lugar de depurar el obeso e inútil aparato estatal, el gobierno ha recurrido a la solución fácil; ha seguido haciendo la “diaria”, total, mañana Dios dirá.  Claro que, como dijo don José Ortega y Gasset, “…en política, vivir al día, es casi inevitablemente, morir al atardecer, como las moscas efímeras” La opción es clara y dura. No se puede seguir viviendo, irresponsablemente, “al día”. Estos impuestos, aún disminuyendo gradualmente, deben desaparecer lo antes posible. Y ni siquiera es necesario reformar la constitución. El Congreso puede imponerlos o no. Con desgravar los productos afectados – cosa que la ley faculta a hacer al Poder Ejecutivo – alcanza. Que a esta Constitución de 1994, hay que reformarla, no caben dudas. Pero este tema se puede solucionar de un plumazo. Con el simple uso de un decreto. Así debe hacerse y lo antes posible.

Por Daniel Zolezzi.

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