En estos días, los medios se han hecho eco tanto de una resolución dictada por la jueza federal de San Isidro, y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, como de unas declaraciones que ella hizo pocos días después. Ambas nos provocan este breve comentario.
La mentada resolución consistió en declararse competente en la causa en la que se investiga la célebre y ridícula ´fiestita de Olivos’, solicitando que la misma le sea remitida. Decisión que provocó que Juan Martín Mena, viceministro de Justicia de la Nación, declarara que dicha magistrada “no garantiza ningún tipo de objetividad ni imparcialidad».
Es un escándalo que tan alto funcionario descalifique a una jueza por parcial, cuando ella ni siquiera había recibido los autos. Pero no es difícil deducir los motivos que llevaron a Mena a expresarlo.
Se debe, de seguro, a que Arroyo fue esposa del fiscal Nisman, asesinado cuatro días después de denunciar penalmente a Cristina Kirchner -entonces presidente- y un día antes de exponer los fundamentos de su denuncia ante el Congreso de la Nación. Y, también, a que en la causa en la que se investiga ese homicidio, Arroyo actuó como querellante en representación de sus hijas menores.
Volviendo a la causa de la ´fiestita’, nada indica que Arroyo vaya a ser parcial. Vayamos ahora a lo má importante: las declaraciones que acaba de hacer con respecto a la causa Nisman. Dijo: “Nos impacta con dolor que otros magistrados entiendan que no hay que investigar la causa que llevaba Nisman: él puso en riesgo su vida».
Es evidente que se refirió a la decisión del Tribunal Oral Federal Número 8, que sobreseyó a Cristina Kirchner y a otros imputados en la causa por el entendimiento con Irán.
Sin embargo, allá por diciembre de 2018, Arroyo Salgado desistió del rol de querellante que ejercía por sus hijas en la causa por el asesinato de Nisman. Fundó ese proceder, esencialmente, en las amenazas recibidas por ella y sus hijas, antes y después de cometido dicho crimen.
Se puede entender el temor que pudo abrigar, pero como mujer de derecho, jamás debió desistir. Al hacerlo, aun involuntariamente, resultó funcional a quienes, a toda costa, procuran que esa causa languidezca (cosa que está sucediendo).
Un gran jurista germano, Ihering, en su célebre obra `La lucha por el derecho’, enseña que nunca debe desistirse de esa lucha, porque ella va más allá del interés individual de quien la entabla: atañe a toda la sociedad.
Arroyo, siendo jueza, estaba doblemente obligada a persistir en la querella. Porque, por ejemplo, si los jueces o los fiscales retrocedieran ante las amenazas que reciben de las bandas narco ¿quién las juzgaría?
De haber mantenido su papel de querellante, Arroyo estaría más legitimada para criticar a otros magistrados (aunque su crítica se justifique).
Por Daniel Zolezzi.
Fuente: Diario La Prensa
