Nuestros políticos qué son: clase, casta o camarilla.

Hace muchos artículos –es decir, largo tiempo atrás – sostuve que era un contrasentido que los políticos hablaran de sí como miembros de una clase: la “clase política”.

Bien, sigo pensando lo mismo y ellos se siguen llamando así, sin el menor empacho. Lo cual prueba que no representan a las distintas clases – o sectores – que integran la sociedad argentina. Se consideran una clase distinta. La cual, como toda clase, atiende, en primerísimo lugar, a sus propios intereses. Y, luego, muy eventualmente, a los de los demás.

Pese a que ellos se llaman así sin el menor sonrojo, no es de extrañar que algunos outsiders – o que presumen de ello – y, también, una creciente corriente del periodismo diga que constituyen una “casta política”.

Lo cual, al parecer, los ofende (tal vez sólo sea un reflejo defensivo). Y tildan a quienes así los llaman de “desestabilizadores”. Nada mejor, pues, para dilucidar lo que va de clase a casta, que recurrir al Diccionario de la Lengua Española, el cual demuestra el parentesco cercano entre la una y la otra. En efecto, casta quiere decir, entre otras cosas, “grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás”.

 De manera que entre la clasificación de los propios y la acusación de los ajenos no hay mucha distancia. Donde sí, hay distancia, es entre los políticos y la gente del común. Porque ellos, sean casta o clase, “…tienden a permanecer separados de los demás”. 

Y en esto no valen las fronteras, supuestamente infranqueables, que separan (¿?) a un partido del otro. La permeabilidad de ellos apaga – muy pronto – las ilusiones que los últimos comicios despertaron en los votantes de la oposición, es decir, en la amplia mayoría del padrón electoral.

De entrada, nomás, dos diputados de Juntos, Alvaro González y Gabriela Brower de Koning faltaron a la sesión donde se trató el Impuesto a los Bienes Personales, permitiéndole al gobierno una modificación que lo hace aún más gravoso.

La niña Gabriela se encontraba en Disneyland y Alvarito en Alemania. Que al segundo se le casara una hija no es excusa. ¿Qué pasaría con los directores de una Sociedad Anónima que no asistieran a una reunión clave? El lector ya lo sabe: saldrían por la ventana. Resultado, inicua reforma del Impuesto a los Bienes Personales. Pero estos diputados no oyen lo que debería susurrarles el más elemental sentido de la dignidad. No piensan renunciar.

Y esto no es todo. Como si fuera poco, una Senadora de Juntos dio quorum al gobierno para que aprobara tal reforma en su Cámara. Y en Buenos Aires, una señora electa por Juntos se pasó al oficialismo, dándole a éste la “primera minoría” en la Cámara de Diputados de esa provincia.

Lamentablemente, falta una ley que permita a los partidos expulsar del Congreso a quienes cambian de camiseta en medio el partido. Y que, también, impida ausencias con pretextos de redonda idiotez y, permita que, cuando sean justificadas, pueda suplirse al ausente.

Todo esto, al generar una vasta indignación, permitió que los medios ventilaran una trama de complicidades en los segundos y terceros niveles partidarios que, no por menos notorias, son menos graves.

No obstante, la decepción popular no hace mella en los políticos. Que mutuamente cubren sus espaldas y se votan beneficios, que extienden a una Justicia cómplice que asegura su impunidad (los rectos, allí, ya son minoría) 

Si sociológicamente la existencia del gremio político es palpable, no lo es tanto su apoyatura jurídica. Sin la cual, posiblemente, no estaría tan a sus anchas. Cabe recordarla.

Es el monopolio de las candidaturas que les concede el Estatuto de los Partidos Políticos, cuyo art. 2 dice que: “Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos”. Como se ve, se emplean allí vocablos suaves. Sin embargo, no es difícil descorrer el velo que pretenden tender. Lo que de manera “exclusiva” se confiere a algunas entidades es un monopolio. Un monopolio de la casta política, mal oculto – como esto fuera mejor – tras un oligopolio partidario

Y si un monopolio es por sí es dañino, con mayor grado lo es cuando restringe la libertad de elegir que nos asegura “la forma representativa republicana federal” adoptada por el artículo 1° de nuestra Constitución. 

Que nadie nos diga que ponerlo en tela de juicio no es democrático. La que no lo es, es la raíz de esa norma. Porque el actual Estatuto, sólo repite lo que estableció la ley 22.627, dictada en agosto de 1982 por el gobierno militar 1976/1983. Los militares, que querían una salida “ordenada” del poder, no encontraron mejor modo se asegurarlo que a través del monopolio concedido a los partidos.

Hoy por hoy, más que una clase o una casta, los políticos constituyen una camarilla. Palabra que, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, quiere decir: “Conjunto de personas que influyen subrepticiamente en los asuntos de Estado”.

Por Daniel Zolezzi.

Fuente: Diario La Prensa

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