Paso a paso, avanza el Plan de Impunidad.

No es necesario leer entre líneas. El presidente Fernández dijo que Cristina y sus muchachos deben zafar de las causas penales que los involucran.  Puesto en ese tren, es que ha exigido que la Corte diga “…cómo entiende las cosas. Que explique por qué hay gravedad institucional cuando se traslada a tres jueces desconocidos (sic) y no cuando hay procedimientos abiertos contra la vicepresidente, el gobernador…No tiene explicación. Esas son deudas pendientes. Y las vamos a ir, poco a poco, cumpliendo”. 

Vamos punto por punto. Lo grave no es que en Tribunales se ventilen tales causas. Lo que realmente lo es, es tener una vice – y otros altos funcionarios- que estén acusados o procesados en ellas. De igual o mayor gravedad, es que Fernández diga que esas causas son “deudas pendientes”. Lo que nos quiso decir es bien clarito: es el pueblo argentino el que está en deuda con los encausados. Por acción u omisión, somos culpables: no hemos comprendido el sacrificio que hicieron por nosotros. E, ingratamente, asistimos impávidos a la “persecución judicial” desatada en su contra. Somos, pues, sus deudores. Pero quedémonos tranquilos. Dice Fernández que esas deudas, “…las vamos a ir cumpliendo”. Y como las deudas se cumplen pagándolas, a eso apunta el presidente. A que se lleven lo que se llevaron. Y aquí no pasó nada.

Puesto en claro: Alberto asegura que Cristina y los suyos van a ir zafando. Nada mejor, para justificarlo, que pretender que la Nación tiene con ella – y sus muchachos – una “deuda moral”.  (En realidad, es al revés. Son ellos los que deben mucho a la Nación. Moral y materialmente). Y todo esto actuado con ribetes más dramáticos que absurdos: un docente universitario de Derecho se entromete – desde la Presidencia de la Nación – en causas judiciales. ¿Habrá enseñado alguna vez, el profesor Fernández, que el art. 109 de la Constitución prohíbe al Ejecutivo entender en causas judiciales?  Todo hace suponer que alguna vez leyó ese texto. Claro que no habrá de mencionarlo nunca más en sus clases. Porque la cara se le caería de vergüenza. 

Ahora resulta que toda acusación a Cristina y a sus muchachos es, simplemente, lawfare (ya que andamos de anglicismos, valga el yanquismo: hablamos de Cristina y sus goodfellas). Estaríamos, pues, ante una guerra judicial declarada por el macrismo. Paticorta fábula, pues buena parte de las causas en cuestión se iniciaron cuando ella era Presidente. Pero estamos en el Reino del Revés. La Justicia la persigue. Y para Alberto, arreglar esas causas es una promesa electoral. Que está dispuesto a cumplir. 

En el mismo discurso en el que llegó a decir semejantes desatinos, Fernández aludió despectivamente a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los llamó “tres jueces desconocidos”. Tómese nota del fallido. Está claro que él prefiere jueces conocidos. Conocidos es un modo de decir. Precisa jueces amigos. Y un juez no es amigo por coincidencias ideológicas. Es uno que ocupa su estrado dispuesto a prevaricar. Ejemplos sobran. Eso es lo que Cristina reclama a gritos. Sea que ella quien los profiera o su dócil Alberto.

Paso a paso, Mostaza dixit, el único plan del gobierno se va cumpliendo. Mientras medita cómo va a ir a por la Corte, va cosechando victorias que apuntan a la gran batalla.  Así, el sobreseimiento definitivo de Pablo Moyano. Así, la decisión de si Boudou vuelve a la cárcel, que tramita a paso de quelonio. La guerra judicial, en realidad, está en sus comienzos. Hasta que no salgan todos, no habrá paz. (De paso, en otro fuero, Cristina recibe un regalito de la justicia: contra lo que dice la ley, podrá acumular su jubilación de privilegio de ex presidente a la pensión, también de privilegio, que percibe por el desempeño de su marido en igual cargo ¿Quién dice que los jubilados lo pasan mal?) 

Lo gravísimo de este Plan de Impunidad no es sólo la suelta de corruptos; además atenta contra la existencia misma de la forma republicana de gobierno. Vargas Llosa ha advertido con agudeza que: “Nada desmoraliza y desmoviliza tanto el espíritu cívico como la sospecha de que quienes han obtenido la confianza popular pueden delinquir impunemente”.  Y de la corrupción agrega que “…ya es más que un tumor. Es una verdadera metástasis.” (Desafíos a la libertad, Alguafara, 2009). Nuestra Constitución transita idéntica línea. Dice que: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento…” (art. 36).  Claro que esa es la letra. La Constitución que vivimos, es otra cosa. 

Sin embargo, dos años atrás, hubo un tribunal que siguió el rumbo que impone el citado texto constitucional. Fue la Sala IV Cámara de Casación Penal que sostuvo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. 

La Corte es el tribunal al que van a parar todas las causas en las que se juzga a tales delitos. Prescriptas o no. ¿Quedará en ella algún rescoldo de autonomía, aunque más no sea por instinto de supervivencia? Porque aún por ese motivo, la República podría salvarse. Y salvarla, es tarea irrenunciable.

Por Daniel Zolezzi.

Fuente: Diario La Prensa

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