¿Quién mató a Lucas? Los jueces y el gobierno.

I.- Matar por una bicicleta. A Lucas lo mataron por una bicicleta. El mismo día, por robos nimios, asesinaron a Rodrigo y a Gonzalo. Si el título alude sólo a Lucas, es porque matar por una bicicleta subraya la tragedia. Como dicen las crónicas policiales, “ya no hay códigos”. Y resulta difícil saber si se mata para robar, o si el robo es sólo consecuencia de la sed por matar.  

II.- Libertad al que delinque. El asesino de Lucas estuvo apenas detenido, a raíz de una causa por robo. Al cuarto día lo liberaron. Su cómplice también tenía causas abiertas. Es innumerable la cantidad de crímenes cometidos por reincidentes. Ellos, autores materiales, algún día pueden terminar en la cárcel. Pero hay otros autores – ideológicos – que permiten que ellos anden sueltos. Son los políticos y los jueces que los amparan. Que nunca van presos. Aunque su actitud ha costado, ya, demasiadas muertes. 

III.- El “garantismo” mata. Entrecomillo, por la falsedad que encierra ese nombre.  Porque define a una corriente judicial para la cual el culpable, es la víctima del delito. Orwell, desilusionado del marxismo, afirmó que quien domina el lenguaje, domina el pensamiento. Eso es lo que pasa con esto del “garantismo”. Hora es, en este punto, de reconstruir el lenguaje y el pensamiento. 

IV.- Las verdaderas garantías. A partir de la obra de Beccaria, “De los delitos y de las penas”, que data del siglo XVIII, se expandieron en Occidente las garantías que rodean al derecho penal. El caso del caballero de la Barre, condenado a muerte por no descubrirse ante una procesión, no se repetiría. Ni bastaría una acusación para fundar una pena. Garantías que asegura nuestra Constitución en su art. 18, desde hace casi dos siglos (mucho antes que nos invadiera el “garantismo”). 

V.- De la garantía a la impunidad. Un autor contemporáneo, Ferrajoli, es considerado el padre del “garantismo”, doctrina que subraya los derechos de todo imputado. Como toda teoría, es opinable. Lo que no lo es, es la tragedia del entendimiento que de ella hace nuestra praxis judicial: impunidad y criminalización de la legítima defensa.

VI.- Defenderse es delito. El policía Chocobar que abatió – enhorabuena – al perverso que asestó catorce puñaladas a un turista, ha sido condenado por exceso en la legítima defensa. Un jubilado que hizo lo propio con dos ladrones que lo torturaron, está sometido a proceso. Sólo una justicia desencaminada puede arribar a fallos o a procesamientos semejantes.

VII.- Adalid del “garantismo”: Zaffaroni. Cuando se elevó a la Corte a este penalista, nadie podía ignorar sus antecedentes. Como juez había resuelto que no era robo el de un auto estacionado en la vía pública, argumentando que el ladrón podía entender que había sido “abandonado por el dueño” (“Irigoyen”). Fallo que fue revocado por la Corte, con durísimas críticas a su autor. En “Tiraboschi”, llegó a una conclusión particularmente perversa. Disminuyó la pena a quien había forzado a una menor a hacerle sexo oral: sostuvo que era un atenuante haber consumado ese delito “a oscuras”.

VIII.- Perversa conducta personal. Siendo Zaffaroni juez de la Corte, en seis departamentos de su propiedad funcionaban prostíbulos. No uno ni dos: seis. De ello, asumió la responsabilidad un sujeto que cohabita con él, quien dijo administrar sus bienes. Ahora bien ¿Hay quien pueda creer que el propietario de un inmueble ignora a quién lo arrienda? Más aún, si quien administra sus bienes es su pareja. Que en los inmuebles de un juez, se ejerza la prostitución, es perverso. Y pinta un rasgo de su personalidad, que, inevitablemente, ha de repercutir en sus sentencias.

IX.- Corrupción estatal y delito. Cuando un Estado está corrompido, la legitimidad de su poder sancionatorio disminuye. ¿Puede, acaso, condenar a un ladrón común y silvestre, cuando se roba en las más altas esferas? ¿O cuándo la AFIP desiste de querellar a quienes se apropiaron de la recaudación de impuestos que tenían a cargo? ¿Puede, realmente, perseguir a homicidas, cuando languidece prolijamente la investigación del asesinato del fiscal Nisman, acaecido un día antes de acusar a la entonces presidente ante el Congreso? 

X.- Garantismo y Lawfare: hermanos gemelos. La respuesta que darían a esas preguntas los capitostres de la política sería la siguiente: “No, no, podemos. Ante el delito, hagamos la vista gorda. Para eso está el garantismo”. “¿Y lo nuestro, cómo lo justificamos? Con el “lawfare”: estamos por encima de cualquier ley”. No lo han dicho, al menos en público. Pero que lo piensan; salta a la vista. 

XI.- Descorriendo el velo. Hoy, algunos medios están señalando la complicidad entre la política y el delito. Enhorabuena. Porque hace tiempo que batimos ese parche.  La última vez, en una nota publicada en estas páginas el 11 de mayo de este año, que se tituló “El robo de arriba engendra el robo de abajo”.  

XII.- Responsables por comisión y responsables por omisión. En ella enjuiciábamos a los políticos corruptos. Y también a aquellos que, siendo personalmente honestos, silencian los negociados de otros. Los callan, ya sea, “porque roban para el partido”, “porque hay que procurar la unidad”, o “porque hay que sellar la grieta”. Ellos también, por cobarde encubrimiento, son responsables. La sociedad repudia a los unos y a los otros. Se cansó. Y está dando muestras de su fatiga.

Por Daniel Zolezzi.

Fuente: Diario La Prensa

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