Una reforma imprescindible contra el nepotismo.

Mientras los argentinos sobrellevamos la pandemia del Covid-19 sujetos a la cuarentena más larga del mundo, esperamos el fin de las negociaciones con el F.M.I. de nuestra “Deuda Eterna” y anhelamos que alguien nos diga cómo salir de la descomunal crisis económica que se avecina, hay un círculo estrecho de personas que programan un nuevo ciclo de nepotismo. Se trata de reinstalar el sistema faccioso y corrupto que Néstor Kirchner ideó en 2007 al promover la candidatura de Cristina Fernández, con quien él imaginó que se alternaría en la presidencia de la Nación hasta que Dios les diera vida a ambos. Todo les cerraba. Con 58 y 55 años entonces eran todavía suficientemente jóvenes para cumplir el plan y ya se habían adueñado del peronismo. Pero ocurrió lo inesperado: la muerte del creador del abuso constitucional. Ahora, disimulo mediante, se quiere reeditar el sistema con el necesario cambio de uno de los protagonistas. Ella será quien, por las buenas o por las malas, probablemente reemplace al inefable Alberto. Después de un período de gobierno (al ocupar hoy la vicepresidencia no puede aspirar a cumplir otros dos), su hijo Máximo intentará sucederla por cuatro años, de manera que Cristina – al concluir el mandato de su primogénito – quede habilitada para gobernarnos otros ocho. Luego podrá volver él a la Casa Rosada, por uno o dos períodos más, según el estado de salud de su madre. Hechas la cuentas, surge que se proponen manipular la Argentina durante, al menos, los próximos veinte años. Para esa época la dama de Tolosa tendrá alrededor de ochenta y cinco abriles, bastantes menos que la actual Reina de Inglaterra, Isabel II, inamovible en su trono. Además, si acaso la joven Florencia entonces descubriera tener la misma equívoca ambición de sus progenitores y de su hermano, un par de generaciones de argentinos podrían verse sometidas por varios años más al nepotismo presidencial de la familia Kirchner.

Frente a la ausencia de liderazgos políticos alternativos ¿quién está en condiciones de descartar que uno de los miembros de esa familia pueda resultar electo presidente en el 2023 y qué luego él y sus parientes más próximos nos dirijan por sucesivos períodos de cuatro años? ¿Qué será en cualquiera de esos casos de la República Argentina, de sus instituciones históricas y de todos sus habitantes? ¿Qué culposa omisión tendremos que reprocharnos?

Para aventar tal hipótesis bastaría que una porción significativa de argentinos coincidiera y se hiciera definitivamente cargo de que la democracia tendrá sentido entre nosotros si los gobernantes se hacen esclavos, definitivamente esclavos, de las instituciones de la República. En cualquier otro caso, esa democracia no pasará de ser una farsa disfrazada de virtud, que consiste en obligar a que los ciudadanos voten un domingo cualquiera por candidatos las más de las veces cobardes, inútiles y mayoritariamente corruptos. Luego los electos hacen lo que se les da la gana o más les conviene. Entre otras cosas, consentir que los Kirchner sigan practicando el nepotismo.

El impedimento de reelección y sucesión recíproca por más de un período consecutivo está previsto en el artículo 90 de la Constitución Nacional sólo para el presidente y el vicepresidente de la Nación. Ninguno de ellos, cumplidos dos términos sucesivos en cualquiera de esas funciones, puede aspirar a un tercer mandato. Ni siquiera haciendo un enroque de sus cargos. En cambio, nada dice la Constitución acerca de la imposibilidad de que sean sucedidos en forma inmediata por sus familiares más cercanos. Para muchos juristas estaríamos frente a una “laguna” del derecho, de la que usufructuó, antes que los Kirchner, el General Julio A. Roca al imponer a su concuñado Juárez Celman como primer mandatario. Por consiguiente, es necesario introducir una reforma en las normas electorales de manera que quede prohibida también cualquier forma de reelección o sucesión entre cónyuges y parientes próximos del presidente y vice. Sólo así se podrá evitar que Cristina Kirchner y sus descendientes prosigan su autocrática maniobra política. Servirá también para que nunca más un binomio conyugal o una familia aspiren a perpetuarse en el poder. Tal posibilidad es a todas luces  antirrepublicana. Implica, en una sociedad desarticulada como la nuestra, una ventaja de recursos de todo tipo para esos familiares que desde el calor del oficialismo compiten para gobernar. Es, en otros términos, “correr con el caballo del comisario”.

La Constitución de la República Federativa de Brasil contiene una norma similar a la que propugnamos y declara “inelegibles” al cónyuge y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad del presidente y vice (padres, hijos, hermanos, nietos, abuelos, suegros, yernos y cuñados). Otro tanto ocurre en Paraguay, Ecuador y El Salvador, mientras que en la casi totalidad de las restantes repúblicas americanas la prohibición legal resulta más amplia aún, ya que se inhibe genéricamente a “los parientes” del presidente y vicepresidente hasta el cuarto grado (Guatemala, Panamá, Bolivia, Honduras y Nicaragua). Por lo tanto, la reforma legal sugerida está en línea con los más modernos y sanos procedimientos electorales iberoamericanos.

Es hora de poner a prueba el declamado espíritu democrático del gobierno y de la oposición. Se debe proteger el sistema republicano, representativo y federal que nos es propio desde hace casi dos siglos, e impedir que los Kirchner impulsen una vez más el proyecto autoritario y nepotista que rigió durante doce años. Ni siquiera los gobiernos militares argentinos del siglo XX tuvieron la pretensión de perpetuarse que desvela a la vicepresidenta y sus socios. En rigor, ella y quienes la rodean están falseando las reglas de convivencia política de los argentinos y sería imperdonable que lo consintiéramos.

Los graves problemas que aquejan a la Nación no se solucionarán con la sola reforma electoral que propiciamos. Sería tonto suponerlo. Tampoco puede esperarse que la armonía y transparencia a la que aspira nuestra sociedad se logre mediante la indiferencia política de los ciudadanos ni como resultado de puntuales reclamos sectoriales, por más legítimos que sean. En todo caso, se trata de la primera etapa de un largo camino conjunto que muchos deberíamos comenzar a recorrer antes de que sea demasiado tarde.

Fernando Esteva.

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